Un paso más en el Parlamento Europeo para obligar a las empresas a respetar los DDHH y el medio ambiente
31 mayo 2023
El pasado mes de abril se cumplieron 10 años de la tragedia del Rana Plaza, el derrumbe del megacomplejo de talleres textiles en Dacca (Bangladesh) que dejó al menos un millar de víctimas mortales y miles de heridos. Una década después todavía faltan medidas efectivas para responsabilizar a las empresas multinacionales de las graves vulneraciones de DDHH y del medio ambiente que a menudo ocasionan en territorios vulnerables y terceros países.
Sin embargo, la UE puede revolucionar la manera en la que hacemos a las empresas responsables de sus impactos. Esta semana el Parlamento Europeo ha votado su propuesta sobre la Directiva de Diligencia Debida que obligará a las empresas a identificar, prevenir, acabar o mitigar el impacto negativo de sus actividades en los DDHH, incluyendo a sus socios, tanto fuera como dentro de la UE, a lo largo de su cadena de producción. Las empresas también deberán cumplir con el Acuerdo de París, en línea con los objetivos climáticos de la UE.
“Celebro que el Parlamento Europeo se posicione del lado de normas vinculantes para las multinacionales con el fin de acabar con lacras como el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación o la degradación medioambiental. Esta normativa impactaría positivamente en los derechos de las mujeres que, como vimos en el caso del Rana Plaza, son la mayoría de las trabajadoras y víctimas de la industria textil y de otras multinacionales que vulneran los derechos humanos y medioambientales”, ha explicado la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y miembro de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
El ámbito de aplicación de la propuesta del Parlamanto se amplía a todas las grandes empresas (250 empleados y 40 millones de euros de volumen de negocio) y sociedades matrices de grupos muy grandes (más de 500 empleados y 150 millones de volumen de negocio) que operan en la UE. Estas empresas se enfrentarían, según el texto, a duras sanciones, incluidas multas de hasta el 5% de su volumen de sus negocios a nivel mundial.
“La propuesta no es perfecta. Por ejemplo, no se ha conseguido que la carga de la prueba se invierta en favor de las víctimas, aunque esta posibilidad sigue existiendo si así lo deciden los Estados miembros. En general, es un paso adelante de las organizaciones y las fuerzas progresistas para parar los pies del asedio de las grandes empresas que abusan de su poder en países con legislaciones más laxas, con territorios y personas vulnerables”, ha valorado Rodríguez Palop.
Una vez que se apruebe esta propuesta, comenzarán las negociaciones con el Consejo Europeo sobre el texto legislativo final. “La negociación ha sido compleja en la Eurocámara, y fuerzas a la derecha han trabajado sin descanso para tratar de conseguir un texto menos ambicioso. Debemos seguir vigilantes para que el texto legislativo final que obligue a los Estados miembros siga la senda marcada por el Parlamento Europeo”, ha advertido Rodríguez Palop.
