Garantizar los derechos de los trabajadores de plataformas “no es el fin del negocio, es el fin de la explotación laboral”

Este miércoles se desarrolla en el Parlamento Europeo el Foro Transnacional sobre Alternativas a la Uberización, organizado por el grupo parlamentario de La Izquierda. Ante el rechazo en el Consejo del acuerdo con el PE para impulsar la Directiva de Plataformas, la eurodiputada francesa presente en las negociaciones, Leila Chaibi, ha dedicado unas palabras a los trabajadores presentes. “Gracias a vuestra lucha, la Comisión  Europea propuso en 2021 una directiva partiendo de la presunción de laboralidad para los trabajadores del sector. Habéis presionando más que los lobbies y habéis construido un caballo de Troya”, ha indicado.

Justo después, la eurodiputada y miembro de la comisión de Empleo, María Eugenia Rodríguez Palop, ha realizado un resumen de la situación de las negociaciones y el papel de la izquierda, al tiempo que ha extrapolado los avances de la Ley Rider de España, pionera en la UE. Esta ley, que reconoce el derecho de estos trabajadores a ser asalariados, “es un ejemplo de cómo aplicando esa solución estamos lejos del escenario apocalíptico que el lobby de las plataformas nos plantea. No es el fin del negocio, es el fin de la explotación laboral”, ha subrayado.

Los datos demuestran esta realidad. Al margen de Deliveroo, el resto de plataformas en España han acomodado su actividad a la norma y algunas han buscado las artimañas para sortear la ley. Sin embargo, desde 2020 hasta mediados de 2023 se habían realizado actuaciones inspectoras que dieron lugar a más de 45.000 infracciones que beneficiaron a casi 90.000 falsos autónomos. En 2021, el número de empleados temporales había caído un 83% y el número total de trabajadores del sector con contrato se había doblado en España.

Precisamente por estos avances “vemos tanta oposición en la UE para sacar adelante la Directiva de Plataformas”, ha apuntado Rodríguez Palop. De hecho, Francia, Alemania, Estonia y Grecia han acabado posicionándose en contra de un acuerdo para impulsar la Directiva “aún con una presunción de laboralidad poco ambiciosa” y alejada de la posición de España. “A alturas resulta evidente que no se quiere una presunción de laboralidad que merezca ese nombre, aunque sea de refilón, como ocurría con este acuerdo provisional tumbado por estos países en el Consejo”, ha subrayado Rodríguez Palop.

Por su parte, España había sido crítica a este acuerdo al considerarlo un retroceso evidente frente al alcanzado durante la Presidencia española del Consejo, que tenía una presunción más fuerte con criterios de laboralidad y un umbral de ampliación común a toda la UE, según la jurisprudencia del TJUE. “A pesar de ello, España acabó apoyando el acuerdo porque no empeoraba la situación y mejoraba la transparencia y el control humano de los algoritmos por las plataformas digitales”, ha resumido Palop.

Queda mucha lucha por delante para garantizar los derechos de estos trabajadores, con un lobby muy poderoso en contra que muchas veces actúa “como una mafia”, han señalado los trabajadores de reparto de varios países presentes en las jornadas. Ante ello, Rodríguez Palop ha manifestado: “Frente a los lobbies, no podemos asumir que un joven con una bicicleta o un conductor con un teléfono móvil son empresarios o emprendedores. Tenemos que exigir más y mejor. El futuro del trabajo y nuestros derechos siguen estando en juego”.