Acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre las normas para combatir la trata en la UE

Este martes el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo han llegado al acuerdo provisional para modificar la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Cada año al menos unas 7.000 personas son víctimas de trata en la UE, aunque se calcula que hay un gran número de casos que no se denuncian.

La Directiva pretende mejorar la investigación y la persecución de la trata en la UE e introduce tres nuevos tipos penales: el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la explotación de la gestación subrogada. Esta última ha sido defendido por el Parlamento Europeo con el fin de perseguir a quienes coaccionan o engañan a las mujeres para gestar, así como de ofrecer una protección y asistencia adecuada a las víctimas.

“Como Parlamento, teníamos una posición ambiciosa, pero el Consejo se ha mostrado abierto al diálogo, con el empuje que dio inicialmente la Presidencia española. Hemos tenido que ceder desde todas las partes, pero el resultado es positivo”, ha explicado sobre las negociaciones la eurodiputada de La Izquierda y vicepresidenta de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad María Eugenia Rodríguez Palop, co-ponente del informe junto a la también eurodiputada de La Izquierda y miembro de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Malin Björk.

Otro de los puntos clave de la Directiva es que introduce la criminalización del usuario cuando sea consciente de que quien ofrece los servicios sexuales es una víctima de trata. Aunque el Parlamento apostaba por una regulación más contundente en este sentido, se trata de un paso relevante para desincentivar la demanda que impulsa la trata de personas con fines de explotación sexual, la forma de trata más frecuente, y cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres y niñas.

Además, la Directiva introduce un paquete de medidas que aborda la prevención del delito y su investigación, mientras otorga una mejor atención a las víctimas. “Hemos mejorado la prevención, la investigación y la persecución, así como la coordinación y el monitoreo, e incluido medidas para proteger, asistir y apoyar mejor a todas las víctimas”, ha explicado Rodríguez Palop.

Los Estados miembros deberán asegurar que las autoridades nacionales competentes puedan optar por no enjuiciar ni imponer penas a las víctimas no solamente por actividades delictivas sino también por otras actividades ilícitas que hayan podido cometer como consecuencia de su situación de trata, incluidas las que impliquen multas administrativas. Se tendrá que garantizar que las víctimas puedan ejercer su derecho a solicitar protección internacional, incluso cuando reciban asistencia, apoyo y protección como víctima de trata.

Asimismo, se introducen varias referencias a la dimensión online de la trata, uno de los mayores retos que enfrentamos con este delito, incluyendo una nueva circunstancia agravante relacionada con la difusión no consentida de imágenes o vídeos o material similar de naturaleza sexual que involucre a la víctima. También se incluyen campañas de prevención para abordar la captación online de las víctimas, así como se exige que quienes investigan y enjuician estos delitos tengan los conocimientos y las capacidades tecnológicas adecuadas.

Respecto a las víctimas hemos introducido también novedades importantes, quedando establecido que la asistencia y el apoyo tienen que ser especializados y que tienen que ofrecerse con un enfoque de género, infancia y discapacidad, centrados en la víctima. Se reconoce además que los Estados deben prestar atención a las víctimas afectadas por discriminación interseccional.
Los niños y niñas que se encuentran internados en instituciones y los que sean reclutados por grupos criminales para participar en actividades delictivas serán explícitamente mencionados como grupos vulnerables, así como las personas apátridas.

Asimismo, los Estados miembros tendrán que contar con un coordinador nacional contra la trata, podrán establecer organismos independientes que monitoreen la implementación y el impacto de las medidas contra la trata, así como se establece la obligación de tener planes nacionales.

También se introducirán sanciones para las empresas condenadas por trata de seres humanos, incluida su exclusión de los procedimientos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias. Y no menos importante es que los países de la UE también estarán obligados a recopilar, registrar y suministrar datos estadísticos anónimos para mejorar la investigación y la lucha contra los delitos de trata.

“Aunque queda mucho por hacer, hoy estamos un poco más cerca de acabar con esta forma de barbarie. Estamos orgullosas de contribuir a mejorar la vida de millones de personas, especialmente en lo que se refiere a la explotación sexual, que sufren mayoritariamente las mujeres y las niñas”, ha concluido Rodríguez Palop.